Iglesia Viva 3.2.10.- Nos consternan profundamente los desastres producidos por las lluvias y los accidentes carreteros. Gran cosecha para quienes corren en busca de votos prefecturales o municipales a costa del dolor de centenares de familias que lloran a sus deudos o que perdieron todo lo que tenían; lo que les costó muchos sudores.

Los que tienen más suerte encontraron provisional habitación en los hogares de sus parientes o de amigos generosos. Pero la solución no puede prolongarse tanto como se alargará inevitablemente la mínima recuperación económica de los afectados. Otros menos afortunados tienen que malvivir en las villas-miseria que se multiplican en zonas periféricas de las ciudades. La desgracia se presenta con distintas caretas, a las que debe añadirse la intrincada complejidad de los problemas legales que envenenan la tenencia u ocupación de una vivienda. Deslumbrantes promesas políticas de construir miles de viviendas sociales no se cumplen. Y si algunas se han llevado a cabo, no alcanzan a satisfacer las necesidades que, por otra parte, crecen con la constante e inevitable migración del campo a la ciudad.

Uno se pregunta, dónde está el Estado o, en su caso, el municipio. Ese Estado, esa alcaldía, esa prefectura que tanto ofrecían al cándido ciudadano están en otros quehaceres. Están en discutir las dietas de los asambleístas plurinacionales, titulares o suplentes. En ingresar al ascensor de la función pública sin méritos ni aptitudes, pero sí con filiación al partido. En situarse convenientemente en las próximas listas electorales, con o sin miedo.

¿Y dónde están los movimientos sociales a los que el Gobierno ha confiado la vigilancia del buen comportamiento y quizá incluso el castigo de instituciones y personas? Los “sectores sociales” (SS) afines al régimen están, asimismo, en otras cosas. Pongamos por caso, en secundar a sus propios jerifaltes para que alcancen sus objetivos políticos y luego repartan las migajas a la “hinchada”.

La cuestión da para mucho más. Pero me reservo las líneas que me quedan para dedicarlas a los accidentes carreteros. Aquí también se negocia con la desgracia de las víctimas. El Estado está ausente. Las trancas sólo sirven para recaudar, no para controlar el buen estado de conductores y vehículos ni la sobrecarga de pasajeros o mercaderías. ¿Y la Policía Caminera? ¿Qué es eso? Policías de Tránsito están en compadreríos con flotas y choferes. Es sabido que el mal estado de las carreteras es uno de los factores que provoca un alto número de los accidentes mortales. Pues estamos en pleno siglo XXI y el país sigue desintegrado en lo que hace a carreteras. En el primer gobierno de Evo Morales, los caminos no fueron cuestión prioritaria. Siguió aumentando el número de muertos.

El traspaso del eficiente Servicio Nacional de Caminos Institucionalizado a la gestión de la Administración Boliviana de Carreteras fue un desastre. Durante el último año de gestión del SNC-I —en el año 2005— el número de accidentes mortales había descendido a 753. En el año 2006, bajo la administración de ABC, los accidentes graves se incrementaron hasta 1.073. Sólo en el mes de enero del año en curso, se registraron 79 muertes en accidentes de carretera. ¿Dónde está el Estado, y dónde los movimientos sociales que debían ser su brazo vigilante?

*José Gramunt
es sacerdote jesuita y director de ANF.