Maná 4.1.10.- La satisfacción por la victoria política lograda sin fraudes comprobados es legítima y nadie puede regateársela al vencedor. Pero el vencedor adquiere unas obligaciones que, en buena ley, sí se le pueden y deben exigir. Lo primero, tan difícil de lograr, es que no piense el ganador soberbio ser dueño de vidas y haciendas ni disponga a su gusto y capricho de lo que no es suyo.
Usted dirá que los políticos, como cualquier otro, no son ángeles.
Sabemos que el ser humano es imperfecto. Combaten en él mismo, la
virtud y el pecado, el bien y el mal, lo hermoso y lo feo. Por suerte,
hay gente bondadosa, amigable, honrada, compasiva, leal, justa,
generosa, valiente, discreta, laboriosa. Pero también abunda el
egoísmo, la soberbia, la injusticia, la pereza, la mentira, la
traición, la codicia, el rencor, la venganza, la lujuria, la cobardía,
y toda suerte de corrupciones.
Pues aquí llegamos, justo cuando el nuevo Presidente y su equipo retoman el Gobierno del país. Y lo hacen con un respaldo relativamente democrático. ¿Por qué relativizo la calidad democrática de la victoria?, preguntará el lector. Por un motivo que es público y notorio: el asalto descarado a las arcas públicas y a todos los recursos disponibles del aparato estatal, puestos al servicio de la propaganda electoral masista. La victoria política también ha sido relativamente democrática porque el ganador recibió el apoyo generoso, y nunca contabilizado, del caudillo venezolano que no es un buen ejemplo de demócrata.
Hechas estas advertencias, a Don Evo se le presenta una magnífica oportunidad para medir su calidad de gobernante justo, prudente, magnánimo, honrado, eficiente, poseedor de todas las cualidades de un estadista. Lo mismo cabría esperarse de sus nuevos colaboradores, si es que el Presidente elige a nuevos ministros, aunque parece que no, por el momento. Y en lo que relativo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, de recientísima creación, podrían forjarse nuevas esperanzas, dado que la mayoría de los asambleístas se estrenan en el oficio. Lo que podría parecer ventaja por el hecho de que ser más jóvenes y supuestamente más entusiastas. Lo cual se contrasta con su nula preparación para ejercer una función de tan alta responsabilidad y que, además, requiere de muchas horas de vuelo para familiarizarse con los procedimientos parlamentarios, sean de acuerdo al reglamento, sean marrullerías de veteranos tramposos.
Terminado de escribir el párrafo anterior me doy cuenta de su inutilidad. Es inútil que la actual Asamblea sea veterana o novata, tenga o no experiencia en los equilibrismos formales de los hemiciclos, porque, dada la estructura del nuevo Estado Plurinacional, el que legisla, ejecuta y juzga es uno solo: el jefe. En otras palabras, ya no existe la real división de poderes. La Asamblea del Palacio Legislativo obedece la consigna del Palacio Quemado. Los tribunales de Justicia, lo mismo. Y Dios quiera que no prospere la idea presentada por alguien del Gobierno de que las sentencias de la justicia comunitaria serían inapelables y, ni siquiera el Tribunal Constitucional, estaría facultado para enmendarles la plana a los jueces originarios. ¡Habrase visto tamaña aberración!
*José Gramunt
es sacerdote jesuita y director de ANF.
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