Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile rechaza que se promueva el aborto y se atente a la vida

Iglesia Viva 18.07.16//UCB//Ignacio Sánchez Díaz convocó a defender el valor de la vida en momentos en que en su país se discute una ley para legalizar el aborto. También se refirió a la objeción de conciencia de los médicos.

El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Ignacio Sánchez Díaz, rechazó que una ley promueva el aborto, justificando la muerte de una persona con argumentos que atentan el derecho a la vida, y llamó a defender el valor de la vida.

“El valor de la vida debe ser el bien superior y debiéramos hablar siempre de la vida y la dignidad de la vida humana”, dijo Ignacio Sánchez Díaz la noche del miércoles (13) en la conferencia “Defensa de la vida”, realizada en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”.

El rector nacional de la UCB, Marco Antonio Fernández Calderón, invitó al rector de la PUC, Ignacio Sánchez Díaz, en el marco del 50 aniversario de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, para cumplir una serie de actividades en La Paz, y una de ellas fue la conferencia magistral. Asistieron al evento, el gran canciller de la UCB, monseñor Jorge Herbas Balderrama, el arzobispo de La Paz, monseñor Edmundo Abastoflor, los rectores de las unidades académicas regionales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, además de decanos, directores de carrera y la comunidad universitaria católica.

Ignacio Sánchez Díaz, que es médico de profesión, advirtió que en su país llama la atención que las causales del aborto sean promovidas por el gobierno chileno para justificar y aprobar una ley. Afirmó que se pretende imponer una norma cuando la población desconoce lo que significa el aborto. En Chile “no se conoce bien de lo que se está hablando, no hemos sido capaces realmente de exponer qué significa un aborto, la gente disocia lo que piensa y siente, y creo que muchas veces pensamos que (el aborto) es en bien de la mujer, en bien de la familia, cuando hay alternativas que promueven la vida”.

Afirmó que la vida de una persona no se puede “valorarla más o valorarla menos” y “tampoco me parece que como es un ser dependiente tengamos derecho (a definir su futuro)”, pues es “extremadamente grave tomar en cuenta el elemento de dependencia e independencia para valorar una vida humana”.

Al menos citó tres causales que en su país justificarían el mal llamado “aborto terapéutico”: La primera causa justificada para un aborto por el gobierno chileno es la interrupción del embarazo ante el riesgo materno fetal. “Si una madre tiene un cáncer de útero, esa madre no puede esperar hasta el nacimiento del niño, porque va a fallecer ella y el niño, así que lo que requiere esa madre es radioterapia, quimioterapia; sabemos que ese tratamiento como efecto no buscado puede significar el fallecimiento del niño,pero estamos actuando por la protección de la madre en un riesgo vital de la madre”. Afirmó que esta acción no requiere una ley para la legalización del aborto.

Una segunda causa, dijo, las malformaciones congénitas fetales tampoco pueden justificar la legalización del aborto. En este proceso advirtió que se podría presentar diagnósticos sobrevalorados para justificar un aborto, manipulando la inexperiencia médica a través de los estudios y la falta de tecnología médica. “Hay la tendencia de sobrediagnosticar para causar la muerte de niños que estaban completamente sanos”.

El rector de la PUC afirmó que una tercera causa justificada para el aborto por el gobierno chileno es el embarazo por violación. Dijo que pese a que el hecho es reprobable y denigrante no se justifica la legalización de la muerte de una persona. “El proyecto de ley no toca el tema del violador, sino que toca el tema de qué hacer con la criatura producto de esta violación”. Aseguró que el gobierno de su país “no tiene porqué realizar ni promover la realización de éste aborto”.

El rector de la PUC, Ignacio Sánchez Díaz, explicó que esas tres causales para legalizar el aborto son discutidas en Chile hace un año y medio en su país. “Esas son las situaciones que hemos estado discutiendo, hemos visto ciertos cambios en la percepción de la gente, en el sentido de entender que realmente entra un niño vivo al pabellón (a una clínica) y sale un niño muerto. Yo creo que es duro decirlo, pero no se entiende que es así”, agregó.

Objeción de conciencia

El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile también se refirió a la objeción de conciencia que está entendida como una negación a hacer algo porque está contra los principios de una persona. “Uno puede decir yo por mis principios y valores no lo voy a realizar (un aborto) a pesar de estar capacitado técnicamente”, dijo. El proyecto de ley solo toma en cuenta la conciencia del médico y no así la de la enfermera, del anestesiólogo y de otros profesionales que podrían intervenir en un aborto.

Aseguró que los médicos que trabajan en los hospitales dela PUC en Santiago tienen como principio el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. “Nosotros no vamos a contratar a ningún médico que esté dispuesto para hacer éste procedimiento (aborto). En nuestra red de salud, no se van a hacer estos procedimientos”.

Pero además, advirtió, si bien las instituciones no tienen conciencia, porque solo las personas pueden objetar conciencia, pero pueden organizarse con base a ciertos ideales y valores para defender el valor de la vida a través de un ‘ideario institucional’. “Ese ideario tiene una misión clara, una identidad clara y en ese ideario lo que tenemos más claro es el respeto a la vida”, dijo Ignacio Sánchez Díaz.

La CEB rechaza “aborto impune”

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) advirtió en abril pasado que una resolución del Ministerio de Salud, enviada a los hospitales en 2015 obliga a los médicos a practicar el “aborto impune” e ignora la objeción de conciencia de los médicos para evitar la interrupción del embarazo.

El Ministerio de Salud emitió el 24 de noviembre de 2015 la Resolución Ministerial N° 1508 para aplicar el aborto en casos de violación y de grave riesgo para la salud y la vida de la madre.

Los obispos advirtieron “que este protocolo, además de inconstitucional, no sólo niega el derecho a la vida del niño concebido, sino que pone en peligro la misma salud de la madre que se pretende preservar”.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió en febrero de 2014 la Sentencia 0206 que ratifica la penalización del aborto, pero eliminó el requisito de una autorización judicial para el “aborto impune”, que se produce cuando el embarazo es producto de una violación, la vida de la madre está en riesgo y es producto de estupro o incesto.

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